La gestión del lobo en España y en Castilla y León ha sido objeto de análisis por parte de la Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias, en vista de las modificaciones normativas aprobadas durante el año 2025. Estas modificaciones han flexibilizado la gestión del lobo, incluyendo todas las poblaciones en el anexo V de la Directiva Habitat, lo que permite la adopción de medidas de gestión.
Con la aprobación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se ha excluido a las poblaciones de lobo del norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Asimismo, se estableció la exclusión automática de las poblaciones del sur del río Duero una vez que se modificara la Directiva para incluir todas las poblaciones de lobo en el anexo V. Por lo tanto, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León se encuentran ahora incluidas en dicho anexo, permitiendo la adopción de medidas de gestión sobre la especie.
A pesar de estas modificaciones, el lobo no puede ser cazado si su estado de conservación, según los informes sexenales, es ‘desfavorable’, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el Gobierno de España no ha remitido el informe sexenal correspondiente al sexenio 2019-2024 a la Comisión Europea, alegando la necesidad de evaluar el impacto de los incendios forestales en las poblaciones de lobo.
El informe sexenal aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad concluye que el estado de conservación del lobo es favorable para las regiones atlánticas y mediterráneas. A pesar de esto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha cumplido con sus obligaciones respecto a la remisión de este informe a la Comisión Europea.
Tanto la Junta como las Organizaciones Profesionales Agrarias exigen que se cumplan las obligaciones estatales con respecto a la Directiva Habitat y a la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Además, se comprometen a revisar y actualizar los baremos de pagos compensatorios por daños de lobo, demostrando su compromiso por el sector ganadero.
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