En una jornada de trabajo con el sector empresarial y los gobiernos de Galicia y Asturias, la Junta de Castilla y León ha reiterado su solicitud al Gobierno de España para poner fin a los peajes en las autopistas AP-66 (Autopista del Huerna) y la AP-9 (Autopista del Atlántico). El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, junto a representantes de Asturias y la Xunta, ha destacado la importancia de tomar decisiones inmediatas para finalizar las concesiones de estas autopistas, que han sido cuestionadas por la Comisión Europea por sus prórrogas contrarias al Derecho comunitario.
Sanz Merino subrayó que esta medida es crucial para garantizar la cohesión territorial y la competitividad del Noroeste peninsular, especialmente considerando el alto tráfico diario en la AP-66, que supera los 6,100 vehículos ligeros. La Junta de Castilla y León argumenta que la eliminación de peajes en otras autopistas del país demuestra que es factible y solicita al Gobierno de España aplicar soluciones uniformes en todo el territorio nacional.
Además, se ha incluido en el proyecto de presupuestos para 2026 una partida de casi 10 millones de euros destinada a financiar bonificaciones para usuarios frecuentes y residentes en Castilla y León, con el objetivo de reducir los costos de desplazamientos habituales y fomentar la permanencia de población en las provincias afectadas.
Por otro lado, se ha destacado la importancia del Corredor Atlántico en el desarrollo regional, con proyectos como el lazo del Manzanal para la conexión con Galicia, la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro para la conexión con Portugal, y la recuperación de la Ruta de la Plata. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la competitividad del transporte de mercancías y equilibrar el tratamiento de la región respecto a otras zonas del país.
En conjunto, el Corredor Atlántico se estima que tendrá un impacto positivo en el PIB regional de 3,600 millones de euros, así como una reducción de 8 millones de toneladas de CO₂ y la captación de 5 millones de toneladas adicionales de tráfico de mercancías. Esta colaboración entre las comunidades autónomas busca maximizar la competitividad y el desarrollo de la región a través de programas de cooperación transfronteriza.
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