La Junta de Castilla y León, junto con otras diez comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha enviado una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando urgentemente la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esta petición se fundamenta en el artículo 12 del reglamento de dicho órgano, ante la negativa del Ministerio de llevar a cabo una sesión extraordinaria después de su cancelación unilateral.
En la misiva dirigida al Ministerio, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus homólogos de otras regiones, se denuncia la suspensión arbitraria e injustificada de la Conferencia programada para el 22 de julio, así como la negativa del Ministerio a atender la solicitud de convocatoria realizada por un número mayor de comunidades autónomas de lo estipulado en el Reglamento.
Se destaca en el documento que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, argumento esgrimido por el Ministerio para no convocar la reunión, no afecta al informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo ni incluye medidas cautelares que impidan la aplicación de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
Asimismo, se recuerda que la aprobación del informe sexenal, requerido por la Directiva Hábitat, debe completarse antes del 31 de julio y no está vinculada a la consideración legal del lobo como especie protegida. En la propuesta de orden del día se incluían otros acuerdos urgentes, como la distribución de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, esenciales para llevar a cabo inversiones en la conservación de la biodiversidad.
Las comunidades firmantes advierten que, de no atenderse esta solicitud en un plazo de dos días hábiles, se reservan el derecho de emprender acciones legales.
El orden del día propuesto por las comunidades autónomas incluye acuerdos sobre la distribución territorial del PIMA Cambio Climático, el reparto de fondos para la conservación de Especies Críticas, la aprobación del informe sexenal de la Directiva de Hábitats, y un espacio para ruegos y preguntas.
Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la legalidad, el respeto institucional y la defensa de los intereses del medio ambiente y del mundo rural.
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