El Gobierno de España se ha visto obligado a retirar del orden del día el Mapa Concesional del Transporte de autobús debido a la negativa de 11 comunidades autónomas a implantar un sistema que afectaría negativamente a Castilla y León al suprimir 474 paradas en 346 municipios.
En una reunión de directores generales, se rechazó discutir este punto, lo que llevó a la solicitud de retirada del mismo por parte de la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes. Se instó al Gobierno central a llevar este borrador del Mapa a la Conferencia Sectorial, el órgano de mayor representatividad posible.
Este Mapa Estatal, según Paredes, perjudicaría al medio rural al privarle de un servicio básico, sin responder a las necesidades de cohesión territorial. Además, se planteó una financiación de 40 millones de euros para las rutas gestionadas por las comunidades autónomas, considerada insuficiente por Castilla y León, que requeriría 25 millones según un estudio.
En cuanto a la gestión de fondos europeos en el transporte, se solicitó la posibilidad de destinar remanentes de subvenciones no ejecutadas a actuaciones propias de la Comunidad Autónoma para avanzar en la digitalización del transporte. También se pidió la ampliación de plazos de ejecución para proyectos de digitalización debido a la complejidad técnica que enfrentan las empresas adjudicatarias.
En resumen, la Junta de Castilla y León busca proteger los intereses de la región frente a decisiones que podrían perjudicar su movilidad y modernización, mientras busca aprovechar al máximo los fondos europeos disponibles para mejorar la eficiencia del sector del transporte.
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